Supongamos que tienen razón. Supongamos que para evitar una catástrofe económica es necesario pedir sacrificios a los ciudadanos de menores recursos, reducir el presupuesto de sanidad y educación, disminuir la ayuda al desarrollo, aumentar la edad de jubilación, reducir la investigación científica, aumentar el IVA, disminuir el sueldo a los funcionarios, congelar las pensiones, quitar derechos a los trabajadores. Supongamos –y ya es mucho suponer- que es imposible obtener recursos de las grandes fortunas, de las SICAV, del mercado del lujo, de las transacciones financieras, de la persecución del fraude fiscal, de los presupuestos de la Iglesia y la Casa Real.
Aun así, no se entiende que esos sacrificios no se pidan a la clase política, más allá de una mínima reducción de sus salarios. ¿Quieren algunas propuestas? Eliminar las diputaciones provinciales, donde se refugian políticos bien pagados que deben inventar su lugar su lugar entre autonomías y ayuntamientos. Eliminar el Senado, por lo menos hasta que una reforma constitucional lo vuelva a instaurar como cámara de representación territorial. Eliminar los miles de coches oficiales, de los cuales gozan hasta los directores de museos, salvo de aquellos que requieran escoltas. Eliminar las tarjetas de crédito con cargo al Estado: cada gasto deberá ser justificado a priori o a posteriori. Eliminar los cargos de libre designación que no sean indispensables, refugio habitual de cuñados, amigos y compañeros de partido sin cargo propio. Reducir al mínimo los gastos de representación: los problemas políticos pueden tratarse en una oficina y no necesariamente en la mesa de un restaurante, contra la opinión de Carlos Dívar. Eliminar las “embajadas” de comunidades autónomas en el exterior, reemplazándolas por una oficina en el consulado o embajada correspondiente. Y otros.
¿Aumentaría esto el paro? No necesariamente. Aunque es verdad que algunos políticos deberían buscarse la vida, los funcionarios y personal sobrante podrían ser destinados a otras funciones respetando su salario y categoría. Destinos tanto más necesarios cuando en la administración pública no se están reponiendo las bajas por jubilación u otras causas. Por ejemplo: se han suprimido muchos traslados de enfermos crónicos a servicios médicos como la diálisis o la rehabilitación. ¿No se podrían destinar a ello algunos coches oficiales, cuyos titulares pueden acudir perfectamente a su trabajo en el coche propio o en transporte público? Los inmigrantes deben hacer largas colas para ser atendidos ¿No podría destinarse a esa tarea los funcionarios administrativos sobrantes? Medidas poco corrientes en la administración, pero coherentes con el mensaje insistentemente repetido a la ciudadanía de que es necesario tomar medidas de emergencia ante la crisis.
Los sueldos de diputados, senadores y concejales se los fijan arbitrariamente (y en muchos casos abusivamente) las propias corporaciones. Un sistema muy sencillo para racionalizar todos los sueldos políticos sería el de atribuir un coeficiente al salario mínimo interprofesional variable según el cargo: el presidente cobraría el salario mínimo multiplicado por X, los concejales de pueblos de más de cien mil habitantes multiplicado por Y, etc.
La resistencia del poder político a realizar estos cambios tiene una evidente explicación. A diferencia de los recortes que afectan a ciudadanos anónimos, muchas de estas medidas provocarían más de un conflicto en el seno de los partidos políticos y las distintas administraciones públicas: no es lo mismo soportar las quejas de una manifestación a una conveniente distancia que despojar de privilegios a compañeros de partido con los que se convive a diario y de los cuales puede depender en el futuro el destino propio. Teniendo en cuenta que así como en política los favores se pagan, también pasan factura los agravios. Pero si se pretende mantener el corporativismo actual, al menos deberíamos exigir que no se pida solidaridad a ciudadanos de a pie que no han cometido otro delito que el de haber elegido a sus gobernantes.
Seguramente tales ahorros serían insuficientes para reducir el déficit. Pero muchos loros se han quedado sin chocolate por cifras inferiores a las que se podrían obtener de una racionalización de la administración, para la cual las propuestas anteriores solo valen a título de ejemplos, algunos discutibles. En cualquier caso, hasta que no se estudie seriamente la reducción de gastos en la administración del Estado, no parece aceptable que se exijan sacrificios a los sectores menos privilegiados de la sociedad. Teniendo en cuenta que no solo se trata de un tema económico sino también de una imagen especialmente importante cuando se pide la comprensión de todos los ciudadanos ante los sacrificios que exige la crisis. ¿Puede pedírsele comprensión a un parado que ve pasar a un político rumbo a su trabajo en un lujoso coche oficial?
Augusto Klappenbach
Escritor y filósofo
Fuente: Dominio público - Público
